Inversiones en Capital Natural

15 de Diciembre de 2019

Ecosistema de humedal en Costa Rica

Hace poco más de 20 años Costa Rica desarrolló un modelo financiero inédito al buscar revertir la pérdida de cobertura forestal con ayuda de las comunidades. A través de la creación del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), el país se convirtió en referente mundial debido al programa de Pago por Servicios Ambientales o PSA, una política que compensa con casi 30 millones de dólares anuales a las y los pequeños y medianos propietarios de fincas, por conservar su bosques privados, y hacer un manejo sostenible de  los mismos, o bien; por reforestar sus propiedades.  

Los resultados fueron absolutamente sorprendentes. Según un análisis de 20 años de experiencia de FONAFIFO; realizado por los investigadores Oscar Sánchez Chaves y Gilmar Navarrete Chacón, la cobertura forestal del país pasó de un 21% en 1987 hasta llegar a un 52,4% en el 2013 , según el inventario nacional forestal. 

“En ese incremento de la cobertura el PSA ha financiado más de un millón de hectáreas en las diferentes modalidades y más de seis millones de árboles establecidos en sistemas agroforestales en diferentes arreglos. El programa de PSA ha sido muy relevante para muchas comunidades indígenas, ya que gracias a su aporte estas comunidades no solo garantizan la permanencia y cuido de sus bosques, sino también que les ayuda a resolver muchas de sus necesidades primarias y de infraestructura”, señalan los expertos en su reporte.

Hacia un nuevo modelo

Las impresiones expertas nacionales e internacionales coinciden en que es necesario ampliar el exitoso modelo de Psa de Costa Rica de cara a un futuro muy cercano.

“El programa de pago por servicios ambientales enfrenta actualmente dos retos importantes. El primero de ellos es que está enfocado en un bosque y hay otros ecosistemas que tienen importancia como los humedales, o incluso el manejo integral de fincas agrícolas. El segundo desafío importante es que los recursos que FONAFIFO recibe provienen mayoritariamente de los impuestos a combustibles fósiles”, explica Roy González, Coordinador del Proyecto Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), liderado en conjunto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Precisamente, financiar la biodiversidad, con el concurso del sector privado, sector financiero y el mercado de capitales, es parte de la propuesta de BIOFIN, tanto en Costa Rica como en otros 35 países del mundo. Y es por eso que se trabaja en identificar un nuevo rumbo innovador para el modelo de financiamiento que ya Costa Rica ha demostrado mediante resultados exitosos a lo largo y ancho del territorio nacional.  

“El carácter global de BIOFIN y la gestión de conocimiento del PNUD permite a los países aprender de la experiencia de Costa Rica, pero también a Costa Rica entender lo que se está haciendo en otros países. Ya Costa Rica es un país exportador de conocimiento a través del programa de pago por servicios ambientales y estos programas nuevos nos permiten abordar de manera integral los beneficios que nos genera la biodiversidad”, explica Ana Lucía Orozco, Especialista en Biodiversidad del PNUD.

De PSA a Inversiones en Capital Natural

Llegó la hora de abrir un nuevo camino y avanzar hacia una versión moderna e integral de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para financiar la biodiversidad, y es ahí donde entra el concepto de Inversión en Capital Natural.

“Yo creo que para una versión de PSA 2.0 se debe comenzar a pensar en inversiones en activos de capital natural en lugar de pagar simplemente por servicios específicos del ecosistema. Es hora de pensar en los ecosistemas terrestres y marinos como activos comunes y pensar en un fideicomiso que se debe crear para proteger e invertir en esos activos naturales”, explica Robert Constanza, Catedrático y vice Rector de políticas públicas en la Escuela de Políticas Públicas Crawford de la Universidad Nacional de Australia.

Bajo esta modalidad, el investigador estadounidense plantea que se podría compensar a quienes se benefician de esos activos naturales y obligar a pagar a quienes los dañan. Es un concepto que implica una apuesta de más largo plazo y de bienestar integral, tanto para las personas como para la naturaleza y los servicios ecosistémicos que esta provee. 

El reto en palabras de Costanza está en comenzar a pensar en términos de inversiones en capital natural. “Más como inversión que como pago por servicios específicos de un ecosistema reconociendo que estos activos de capital natural son sistemas complejos, producen una gama completa de servicios e interactúan con actividades humanas en formas muy complejas, por lo que da la oportunidad de manejarlos de manera integral y no tratar de dividirlos en servicios específicos por componentes”, agrega.