• Sector salud debe ser visto como bastión del esfuerzo nacional y debe seguir construyendo respuestas para un eventual segundo brote del virus.
• La sostenibilidad financiera del sistema de protección social en el mediano plazo será fundamental para minimizar el impacto sobre las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad y desempleo.
• Rutas de desarrollo con uso intensivo del carbono, que no respetan la base del capital natural, han demostrado una particular vulnerabilidad ante los impactos de la pandemia global y el derrumbe de los precios internacionales.
• Proteger al país de potenciales regresiones en los logros obtenidos en los ODS antes de la crisis es clave para sostener la ruta del desarrollo y no dejar a nadie atrás.

San José, Costa Rica, 28 de abril de 2020.  Con el fin de generar evidencia que apoye la toma de decisiones sobre los desafíos que supone la pandemia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica, presentó este martes el más reciente análisis “Evaluación económica inicial de los efectos de COVID-19 y alcance de las opciones de política en Costa Rica”, estudio que registra la identificación de los canales de transmisión, los impactos económicos que se vislumbran y opciones de política pública para la atención de la emergencia.

Dicha evaluación incluye reflexiones sobre la necesidad de identificar rutas para una nueva arquitectura financiera internacional para el manejo de la deuda pública, asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de protección social en el mediano plazo, priorizar acciones de recuperación para aquellos sectores económicos y sociales que mayor vulnerabilidad presentan ante la pandemia (sector turismo, PYMES, por ejemplo), e invertir en acciones que redoblen la apuesta por una economía verde como el camino de la recuperación.

“La pandemia por COVID-19 constituye un desafío sin precedentes para todos los países. No solo es necesario atender la crisis sanitaria que produce, sino que casi simultáneamente se debe ir construyendo respuesta para enfrentar las profundas cicatrices que la pandemia deja en los ámbitos sociales y económicos de nuestras naciones. En estos momentos la respuesta requiere reflexionar sobre las capacidades de los países para enfrentar nuevos picos del brote viral en el futuro mediato”, señaló José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente del PNUD.

Para el caso de Costa Rica, el Banco Central de Costa Rica está proyectando una caída en el volumen de producción de -3,6% en el 2020, que corresponde al menor crecimiento registrado desde la crisis de principios de los años 80.

La implementación exitosa del Plan Nacional de Descarbonización, implica repensar el 21% de los ingresos tributarios del gobierno central que se obtienen como resultado del gravamen sobre los hidrocarburos y los vehículos con motor de combustible.

En este contexto, el país enfrenta el reto de implementar una estrategia para atender la emergencia por COVID-19, que permita proteger a los grupos más vulnerables de la población, evitar el riesgo de afrontar problemas futuros ante la falta de sostenibilidad de sus finanzas públicas y lograr la preservación de la estructura productiva más severamente afectada por la emergencia (sector turismo, por ejemplo) al redoblar sus esfuerzos para apoyar la transición hacia una economía descarbonizada, ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva y diversificada.

El Representante del PNUD resaltó que este estudio es un primer esfuerzo para evaluar los impactos socioeconómicos que el COVID-19 produjo en el país, de manera que facilite la valoración de las condiciones de partida para iniciar la fase de recuperación de las economías y sectores afectados.

Algunos resultados del análisis son:

1. Reconociendo al sector salud como bastión del esfuerzo nacional, queda como asignatura pendiente reflexionar sobre la necesidad de construir respuesta para un eventual segundo brote del virus.
2. Urge una nueva arquitectura internacional para el manejo de la deuda.
3. La construcción de acuerdos multisectoriales será fundamental para la reactivación económica, con un enfoque en el que las buenas intenciones, la transparencia y los acuerdos mínimos sean los que prevalezcan.
4. La sostenibilidad del sistema de protección social en el mediano y largo plazo será fundamental para minimizar el impacto sobre las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, desempleo y debilitamiento de medios de vida, con el fin de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y prevenir sus regresiones.
5. La transición a una economía verde, baja en carbono, es una ruta adecuada dentro del proceso de recuperación de la economía nacional tras la pandemia, esto es, aprovechar las oportunidades emergentes para ir más allá de lo habitual, construir resiliencia y garantizar un desarrollo inclusivo respetuoso de los derechos humanos y de la igualdad de género, como postula el Plan de Descarbonización.
6. Otra oportunidad que podría existir para contribuir a la activación de la economía, está representada por la implementación de un Fondo de Apoyo al Turismo para la Atención de la “Temporada Cero”, que permita suavizar la caída de prácticamente el 100% que experimentará la demanda del sector hotelero durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, mediante la compra anticipada de noches de hospedaje que podrían ser utilizadas para su disfrute durante los tres años posteriores a la emergencia sanitaria por COVID-19.
7. Es indispensable avanzar en el establecimiento de un seguro de empleo que proteja los ingresos de las personas en momentos de crisis como el actual.
8. La reapertura de la economía debe estar guiada por la aplicación de criterios de proximidad física permitidos, considerando la naturaleza de la actividad de cada sector o industria.
9. Las rutas de desarrollo con uso intensivo del carbono han demostrado una particular vulnerabilidad ante los impactos de la pandemia global y el derrumbe de los precios internacionales.

Este estudio es una contribución del PNUD a los esfuerzos nacionales para atender la emergencia nacional y sus consecuencias, bajo la perspectiva de apoyar el diseño de políticas sustentadas en la evidencia, que visualiza la magnitud de la situación desencadenada y el alcance de las respuestas de política ante COVID-19.

Descarge el estudio aquí.