La soberanía de los pueblos y comunidades requiere de un manejo sostenible e inclusivo de los recursos pesqueros.

 

Ante la sexta extinción planetaria de especies y la fragilidad social sin precedentes, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hace un llamado especial para colocar la naturaleza en el centro de la recuperación post-pandemia.

“Se nos hace urgente reconocer la necesidad de impulsar un crecimiento respetuoso de los ecosistemas y la biodiversidad porque cuidar la naturaleza es cuidar de la humanidad”, señaló José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente del PNUD en Costa Rica.

La pandemia COVID-19 ha demostrado la estrecha relación entre la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y nuestra capacidad de manejar y evitar futuros riesgos. Pese a ello, en las últimas décadas se refleja que la sobre explotación de especies y la extinción mundial de la vida silvestre es aún peor de lo que se había creído anteriormente (IPBES, 2019). La salud de los océanos se ha deteriorado a niveles inimaginables; en las últimas tres décadas, la mitad de los corales del planeta ha muerto y más de un tercio de los mamíferos marinos se encuentran amenazados.

En los ecosistemas marinos, la explotación directa de organismos (primordialmente de peces y mariscos) ha tenido la mayor repercusión relativa, seguida por el cambio de uso de la tierra y el mar (desarrollo de las zonas costeras, acuicultura mar adentro, maricultura y pesca de arrastre de fondo) [1]. En contraste, las soluciones basadas en la naturaleza ofrecen recursos esenciales para el Producto Interno Bruto (PIB) de las economías mundiales. La evaluación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) estimó que la gama de bienes y servicios que fluyen desde los entornos costeros y marinos se puede valorar de forma conservadora en 2,500,000 millones de dólares cada año, y que el valor global del océano como activo económico es diez veces mayor (su PIB equivaldría a la 7ma economía mundial).

En ese sentido, José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente del PNUD, resaltó que “en Costa Rica, es urgente, y además económicamente más ventajoso, escuchar las voces del sector artesanal (personas pescadoras, molusqueras, indígenas) y de pesca deportiva que se han levantado en contra de la pesca de arrastre porque atenta contra sus medios de vida, dada la destrucción del fondo marino y la altísima sobre explotación por pesca accidental”.

Costa Rica ha sido reconocida a nivel global por ser un país líder en sus esfuerzos por la conservación y el desarrollo sostenible. Por muchos años cargó con la deuda de avanzar al mismo ritmo en temas de conservación y manejo sostenible de sus recursos marinos y no debe retroceder. En este país, la pesca turística y deportiva es una industria de servicios que genera alrededor de 331 millones de dólares al año y más de 60 mil empleos directos e indirectos. Sin embargo, tal como se demuestra en la Evaluación Económica Inicial de los Efectos de COVID-19 y el Alcance de las Opciones de Política en Costa Rica, aún persisten acciones que fragilizan su marca país, competitividad, atractivo turístico y en consecuencia la base de la economía costarricense y de los medios de vida sostenibles de las comunidades.

Estamos en un escenario complejo y delicado, de crispación social y protesta. Para adoptar decisiones de política de uso y manejo del capital natural (pesca, bosques, suelos) que sean inclusivas y sostenibles, es fundamental contar con: 1) evidencia sólida que demuestre que las decisiones políticas y ciudadanas asegurarán los medios de vida sostenibles de quienes más sufren el impacto de la pandemia; 2) análisis económicos de costo-beneficio a largo plazo; 3) estudios comparativos de impactos sociales, económicos y ambientales; y, 4) alternativas que atiendan la pobreza sin poner en riesgo medios y calidad de vida de otras poblaciones.

Hoy, Costa Rica tiene la oportunidad de vetar la Ley Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica Expediente n.º 21.478, de manera coherente con los intereses más amplios de las poblaciones costeras, de la reputación del país como una nación líder en desarrollo sostenible y del bienestar de los ecosistemas marinos.

Necesitamos “reconstruir mejor” invirtiendo en los cambios sistémicos que se requieren para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen metas sobre el clima, la biodiversidad, el bienestar y la justicia hacia las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, la forma en que protegemos los ecosistemas costeros y marítimos y las decisiones políticas y ciudadanas que puedan tomarse para asegurar un desarrollo ambientalmente responsable marcarán una enorme diferencia en el futuro, pero también pueden mejorar nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra prosperidad y darnos más opciones de progreso.

“Los ecosistemas más ricos y diversos tienen mejor capacidad de afrontar alteraciones tales como eventos extremos y la aparición de enfermedades. No demos paso a artes pesqueras que arrasan con la diversidad ecosistémica y atentan contra los medios de vida sostenibles de las comunidades”, expresó Troya.

“A medida que los gobiernos se enfrentan a la COVID-19, el mundo tiene ante sí una oportunidad inédita de modificar radicalmente la estructura de las economías para hacerlas más equitativas y resilientes frente a las perturbaciones futuras, con vistas a alcanzar la meta de cero emisiones netas para 2050 y poner fin a la pobreza”, puntualizó el Representante.

 

 

 

[1] https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_es.pdf

 

 

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